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Hasta abril de 2025, el Perú registró una población penitenciaria de 101.884 internos, de los cuales 63.333 tienen sentencia y 38.551 aún están procesados. Además, 5.454 reos son de nacionalidad extranjera, según cifras oficiales del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
El costo de mantener a cada interno es de 30 soles diarios, lo que representa un gasto mensual superior a los 91 millones de soles para el Estado.
El delito más frecuente entre los reclusos es el robo agravado, con más de 22 mil casos, y el grupo etario más representado en las cárceles son personas entre 30 y 34 años de edad.
El hacinamiento es uno de los principales problemas. El nivel de ocupación carcelaria supera el 238 %, convirtiendo a Perú en el segundo país con mayor sobrepoblación penal en Sudamérica, después de Bolivia. Solo en lo que va del año, la población penitenciaria aumentó en 2.436 personas.
Frente a esta situación, el Gobierno ha anunciado la ampliación de establecimientos penitenciarios en Puno, Lampa, Iquitos y Chimbote, además de un plan denominado ‘Libertad 2025’, que contempla la liberación de 6.000 internos.
Sin embargo, expertos advierten que la situación en los penales está al límite, agravada por la escasez de personal, la falta de tecnología y recursos insuficientes para una gestión adecuada.
