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A menos de un mes de las elecciones, la muerte de Napoleón Becerra en la vía Los Libertadores ha dado un giro siniestro. Walter Becerra, hermano del líder del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE), reveló que el candidato había confesado días antes que su vida corría peligro y que era perseguido por vehículos extraños, sembrando la duda sobre si el despiste de su camioneta en Rumichaca fue provocado para sacarlo de la carrera electoral.
La tragedia, que enluta la campaña política nacional, ha encendido las alarmas por una extraña coincidencia reportada por los familiares: en el preciso instante del siniestro, la custodia de la Policía de Carreteras que acompañaba a la comitiva habría tomado otra dirección, dejando al candidato desprotegido. Mientras los restos de Becerra son trasladados a Lima para ser velados antes de su entierro en Cajamarca, sus allegados exigen una investigación criminal exhaustiva, rechazando la versión oficial de un simple accidente en una zona de alta siniestralidad.
El fallecimiento de Becerra no solo deja un vacío humano, sino que coloca al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ante un escenario jurídico inédito y crítico. Según especialistas, la ley electoral es ambigua sobre la muerte de un candidato presidencial en esta etapa, lo que pone en duda si la lista del PTE podrá continuar en carrera o si la caída del líder arrastrará consigo toda la fórmula. Mientras las condolencias llegan desde Palacio de Gobierno y diversos partidos, la incertidumbre política y la sombra del magnicidio marcan la agenda del país.
