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Cuestionada selección de ministros. Una revisión de las declaraciones juradas presentadas por ley revela que diez integrantes del gabinete liderado por Luis Arroyo enfrentan investigaciones fiscales o procesos judiciales en trámite. Los documentos, a los que accedió RPP, muestran un panorama alarmante: ministros a cargo de carteras estratégicas como Economía, Justicia, Interior y Defensa admiten tener carpetas abiertas por delitos graves que van desde lavado de activos hasta corrupción de funcionarios y colusión, poniendo en duda la meritocracia y la ética en la conformación del equipo ministerial para este 2026.
Sectores clave bajo la lupa. Entre los casos más críticos destaca el del ministro de Economía, Rodolfo Acuña, investigado por presunto lavado de activos, y el titular de Justicia, Luis Jiménez, quien arrastra procesos por negociación incompatible y colusión. A ellos se suma el cuestionado ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro (recientemente denunciado también por violación), quien declaró una investigación por corrupción de funcionarios. Otros sectores afectados incluyen Salud, Vivienda, Trabajo, Ambiente y Transportes, donde sus titulares enfrentan cargos por abuso de autoridad, fraude procesal y usurpación agravada.
Hermetismo en seguridad. Resulta especialmente preocupante que los nuevos ministros del Interior, José Zapata, y de Defensa, Carlos Díaz, hayan admitido tener procesos judiciales vigentes, pero evitaron dar detalles en sus declaraciones, prometiendo información "más adelante". Por su parte, el premier Luis Arroyo reportó cuatro investigaciones, aunque estas ya figuran como archivadas. Esta situación debilita la confianza ciudadana en un momento donde el país exige mano dura contra la criminalidad, pero se encuentra con un Ejecutivo cercado por sus propios antecedentes legales.
