El congresista y almirante (r) Jorge Montoya ha encendido la pradera política al presentar una denuncia formal ante la Junta Nacional de J...
El congresista y almirante (r) Jorge Montoya ha encendido la pradera política al presentar una denuncia formal ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), exigiendo la destitución inmediata del juez Jorge Chávez Támariz. ¿El motivo? El magistrado se negó a aplicar la reciente ley aprobada por el Congreso que permite la prescripción (archivo) de delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2002, calificándola de "inaplicable" para seguir investigando un asesinato ocurrido en 1983.
Para Montoya, actual candidato al Senado por el partido Sí Creo, la actitud del juez no es un tecnicismo, sino una "traición" al Estado de derecho y una muestra de la "penetración del terrorismo en el Poder Judicial". El legislador sostiene que los jueces no pueden rebelarse contra las leyes que el Congreso aprueba para dar tranquilidad a los militares y policías procesados por la guerra contra el terrorismo. "Estamos pidiendo la destitución porque ha ignorado una norma vigente para rebuscar casos de hace 40 años", sentenció un Montoya visiblemente mortificado.
Por su parte, el juez Chávez Támariz se mantiene firme en su fallo sobre el caso Luis Lara Poma (asesinado en Andahuaylas). El magistrado utilizó el "control difuso", una herramienta legal que le permite poner la Constitución y los Tratados Internacionales por encima de cualquier ley del Congreso. Su argumento es demoledor: los crímenes de lesa humanidad no caducan y el derecho de las víctimas a la verdad es sagrado. Este choque de poderes pone a la JNJ en una situación crítica: ¿sancionará a un juez por su interpretación de la ley o protegerá la independencia judicial frente a la presión política?
