El proyecto de resolución legislativa 5432, que fue aprobado por el Congreso de la República, establece una inhabilitación de cinco años en ...
El proyecto de resolución legislativa 5432, que fue aprobado por el Congreso de la República, establece una inhabilitación de cinco años en la función pública para la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos. Se le atribuye una presunta infracción constitucional del artículo 159 de la Constitución Política del Perú.
Con 71 votos a favor, 15 en contra y 8 abstenciones, la propuesta recibió el respaldo de la representación nacional. Además, el Parlamento aceptó otro proyecto de resolución legislativa, basado en el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que recomienda presentar una acusación constitucional contra Ávalos Rivera. Se le acusa de presuntamente cometer los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales e infracción constitucional.
Con 73 votos a favor, 12 en contra y 8 abstenciones, se aprobó la recomendación del informe, el cual se fundamenta en la supuesta suspensión arbitraria de investigaciones contra el entonces presidente Pedro Castillo en enero de 2022. Durante su discurso ante el Congreso, como parte de su defensa, Zoraida Ávalos recordó que fiscales anteriores han archivado de inmediato denuncias contra presidentes en funciones.
También destacó que abrió dos investigaciones fiscales contra Castillo Terrones por los casos Puente Tarata y los ascensos irregulares en la Policía y las Fuerzas Armadas, pero las suspendió hasta que el expresidente finalizara su mandato. La exfiscal de la Nación agregó que la sanción propuesta por la subcomisión va en contra de la autonomía del Ministerio Público, y afirmó que está siendo sometida a un proceso por "revancha política".
Después de abandonar el Palacio legislativo, Ávalos explicó que la suspensión de las investigaciones contra el exmandatario no fue un error y que la decisión se basó estrictamente en el artículo 117 de la Constitución. "Esto no era un privilegio para el presidente Castillo, sino para la 'majestad presidencial'. Yo abrí el camino, el doctor Pablo Sánchez continuó, es un criterio jurídico. Los criterios jurídicos no pueden ser objeto de sanciones disciplinarias ni menos de infracciones. A nadie se le ha ocurrido que un congresista pueda ser sancionado por sus votos. Si esta acusación prospera, será un atentado contra la democracia", argumentó frente a los medios de comunicación.
