(Fuente: Infobae) (Redacción Radio Positiva Perú) La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha emi...
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(Redacción Radio Positiva Perú)
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha emitido una resolución contundente exigiendo al Estado peruano que detenga y anule el polémico proyecto de ley que busca establecer la prescripción de los crímenes de lesa humanidad. Esta medida, dictada en respuesta a una solicitud de los familiares de las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, ordena a los tres poderes del Estado tomar acciones inmediatas para evitar la adopción o vigencia de esta iniciativa legislativa.
El tribunal internacional resalta que las sentencias de estos casos emblemáticos, por los cuales el ex dictador Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión, hacen referencia explícita a delitos de lesa humanidad. La Corte IDH no solo exige la anulación de este proyecto específico, sino también de cualquier iniciativa similar que pueda obstaculizar el derecho de las víctimas a acceder a la justicia. Además, ha establecido un plazo hasta el 9 de agosto de 2024 para que el Estado peruano presente un informe detallado sobre el cumplimiento de esta resolución.
El proyecto de ley en cuestión, aprobado en primera votación por el Congreso peruano en junio, pretende impedir el procesamiento de individuos por crímenes de lesa humanidad o de guerra cometidos antes de 2002, excluyendo así el período del conflicto interno que dejó 69,000 víctimas. Esta iniciativa ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos y expertos de la ONU, quienes advierten que su aprobación pondría a Perú en contravención de sus obligaciones internacionales y fomentaría la impunidad.
La resolución de la Corte IDH se produce en un momento crítico, justo cuando el proyecto requiere una segunda votación en el pleno del Congreso para su aprobación final. Este dictamen internacional implicaría directamente la forma en que el estado peruano aborda los casos de violaciones de los DH ocurridos durante el conflicto armado interno. El Estado peruano deberá ahora considerar cuidadosamente sus próximos pasos en relación con este proyecto de ley, teniendo en cuenta sus obligaciones internacionales y el mandato de la Corte IDH.
