(Fuente: El Búho) Redacción Radio Positiva Perú La presidenta Dina Boluarte y el presidente del Congreso, Alejandro Soto, ha...
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Redacción Radio Positiva Perú
La presidenta Dina Boluarte y el presidente del Congreso, Alejandro Soto, han generado controversia al enviar una carta el pasado 8 de Julio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) expresando su desacuerdo con la solicitud del organismo de no aprobar una ley que limita la aplicación de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, expertos legales como César Azabache y Pedro Cateriano han señalado que dicha comunicación carece de valor legal, ya que no cumple con los protocolos establecidos para la comunicación entre Estados y la Corte IDH, además de no contar con la aprobación del Consejo de Ministros.
La ley en cuestión, aprobada recientemente por la Comisión Permanente del Congreso, busca declarar inaplicable la figura de lesa humanidad para delitos cometidos antes de 2002, lo que podría resultar en la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en Perú. Esta iniciativa ha sido fuertemente criticada por organismos de derechos humanos y será tema de discusión en una próxima audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por su parte, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, no se sumó a la carta enviada por Boluarte y Soto. En declaraciones a la prensa, Arévalo cuestionó la autoridad de la Corte IDH para dirigirse a los poderes del Estado peruano, pero reconoció que, una vez promulgada la ley, corresponderá a los jueces peruanos decidir sobre su aplicación mediante el control difuso de constitucionalidad.
Mientras tanto, el gobierno de Boluarte enfrenta presiones para definir su posición respecto a la controversial ley. Aunque hasta ahora han evitado pronunciarse directamente, la reciente carta a la Corte IDH sugiere que la mandataria podría estar inclinada a promulgarla. En otro frente, la presidenta afronta una apelación en curso contra la denuncia constitucional presentada por la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por las muertes ocurridas durante las protestas de finales de 2022 e inicios de 2023.
