(Fuente: RPP) (Redacción Radio Positiva Perú) La Contraloría General de la República (CGR) reveló recientement...
(Fuente: RPP)
(Redacción Radio Positiva Perú)
La Contraloría General de la República (CGR) reveló recientemente pérdidas superiores a S/3.6 millones en Petroperú, según los resultados de tres informes de control posterior. Tales pérdidas serían consecuencia de una serie de deficiencias en la gestión de diversos servicios adquiridos por la petrolera estatal, identificándose presunta responsabilidad civil y/o administrativa en ocho funcionarios de la entidad. Los perjuicios se registraron en las regiones de Loreto, Piura y Pucallpa, abarcando casos de excesos presupuestarios, pagos indebidos, acciones negligentes y estructuras colapsadas.
Un caso particularmente alarmante se detectó en la Estación 1 del Oleoducto Norperuano en Loreto. Como parte de las actividades de mantenimiento y protección de la zona ribereña, Petroperú contrató servicios de restitución de ribera y relleno de arena por un total de S/2,514,076.61. Sin embargo, apenas dos meses después de la recepción y conformidad de los servicios, la estructura metálica se derrumbó hacia el río, ocasionando la pérdida del material de relleno y generando un grave perjuicio económico para la empresa.
La comisión de control, tras realizar una inspección in situ, constató que la estructura metálica no cumple su función de contención y permanece sumergida debido al nivel del agua del río Marañón. Además, se observó que la erosión de la ribera persiste, poniendo en riesgo la caseta del sistema contraincendios, que ahora se sostiene precariamente por algunos pilotes.
Ante estos hallazgos, la Contraloría ha identificado una presunta responsabilidad civil en dos funcionarios de Petroperú. Los informes de control posterior evidenciaron una serie de irregularidades que van desde la mala planificación hasta la ejecución deficiente de obras críticas para la infraestructura petrolera del país. Esta situación pone de manifiesto la urgente necesidad de mejorar los mecanismos de control y supervisión en la empresa estatal para evitar futuros despilfarros de recursos públicos.