En la edición 2024 de CADE Ejecutivos, organizada por IPAE Acción Empresarial, se llevará a cabo la sesión “Formalización y Seguridad: Pro...
El foro ocurre en un contexto complicado para el país. Recientemente, empresas de transporte realizaron una paralización a nivel nacional debido al aumento de la violencia y la extorsión. La inseguridad se ha convertido en uno de los mayores desafíos para los ciudadanos, afectando la calidad de vida de millones de peruanos.
De acuerdo con datos del sistema policial SIDPOL, las denuncias por extorsión en 2023 aumentaron un 44%. Esta situación está impactando de forma negativa al sector empresarial, debilitando la productividad e ingresos de personas naturales y compañías, desde pequeños negocios hasta grandes empresas.
Los peruanos que mejoran sus ingresos se ven vulnerables ante la amenaza de robos, secuestros o cobros ilegales. Tanto empresas como trabajadores enfrentan obstáculos que limitan su desarrollo, afectando la competitividad del mercado en general.
El problema también se extiende a zonas rurales, donde operan economías ilícitas en sectores como la minería y la agricultura. Las actividades criminales en estas áreas afectan no solo la seguridad sino también el medioambiente y las comunidades locales.
Según la Unidad de Inteligencia Financiera, entre 2020 y noviembre de 2023 se identificaron transacciones sospechosas vinculadas a la minería ilegal por más de 2.392 millones de dólares. Estas prácticas han generado deforestación y contaminación, causando la pérdida de 2,6 millones de hectáreas de bosque entre 2011 y 2020, lo que ha deteriorado la biodiversidad y los ecosistemas del país.