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Extorsionadores han comenzado a atacar colegios, principalmente en las periferias de Lima Metropolitana y Trujillo, donde la presencia policial es limitada. Según datos de El Comercio, los montos exigidos varían según la institución, y muchos centros educativos optan por no denunciar debido al temor a represalias. Esta situación ha encendido las alarmas entre directores y familias, quienes se ven forzados a negociar en silencio.
Las víctimas reportan que los delincuentes utilizan amenazas telefónicas y mensajes directos para exigir pagos, bajo la amenaza de atentar contra el personal o los estudiantes. En varias ocasiones, las bandas criminales se identifican como parte de organizaciones más grandes para intimidar. Esto ha llevado a que escuelas en zonas vulnerables enfrenten una creciente inseguridad.
Las autoridades han instado a los colegios a formalizar las denuncias, pero hasta ahora el subregistro sigue siendo alto. Mientras tanto, los sindicatos de docentes y asociaciones de padres piden mayor patrullaje en las áreas más afectadas y medidas inmediatas para garantizar la seguridad en los centros educativos.
