La Junta Nacional de Justicia (JNJ) se encuentra bajo cuestionamientos luego de que se confirmara la desaparición de más de 1.200 expediente...
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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) se encuentra bajo cuestionamientos luego de que se confirmara la desaparición de más de 1.200 expedientes digitales, entre los cuales figuraban casos que involucraban a personajes de alto perfil como Keiko Fujimori, la fiscal suprema Patricia Benavides y magistrados vinculados a la red de los Cuellos Blancos. La denuncia fue revelada por el semanario Hildebrandt en sus trece, que advirtió que los archivos fueron borrados desde dentro de la propia institución.
El hecho salió a la luz el 2 de agosto, cuando un trabajador de la Dirección de Procesos Disciplinarios reportó que gran parte de los documentos virtuales habían desaparecido del Sistema de Gestión Documental de la JNJ. En un inicio se atribuyó el problema a una falla técnica, pero la versión cambió al detectarse que la carpeta temporal en la que se almacenaban los archivos había sido manipulada con una cuenta que tenía acceso total.
Las primeras indagaciones de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) descartaron la hipótesis de un ataque externo. Según sus conclusiones, la eliminación de los expedientes se realizó desde adentro, utilizando credenciales que permitieron mover o borrar los documentos sin dejar rastro digital.
La pérdida de estos archivos golpea directamente a investigaciones sensibles. Entre los expedientes desaparecidos se encuentran denuncias contra la jefa del Reniec, Carmen Velarde, vinculada al caso de firmas falsas; la fiscal de la Nación, Delia Espinoza; el fiscal José Domingo Pérez, conocido por su rol en los procesos contra Keiko Fujimori; y la propia Patricia Benavides, quien recientemente fue reincorporada a la Fiscalía.
También se habrían eliminado expedientes de jueces vinculados a la red de los Cuellos Blancos del Puerto, considerada una de las mayores tramas de corrupción judicial en el país. Aunque la facultad disciplinaria de la JNJ sobre esos magistrados prescribió en 2023, la documentación seguía siendo clave como elemento probatorio en otras instancias judiciales.
La magnitud y selección de los expedientes eliminados refuerza la sospecha de que no se trató de un accidente, sino de una operación intencional. Fuentes policiales citadas por el semanario señalaron que el patrón del borrado apunta a proteger a personajes con poder político y judicial.
Este hecho ha generado una fuerte preocupación pública, pues evidencia un posible intento de encubrimiento dentro de la propia JNJ, institución encargada de garantizar la transparencia y el control disciplinario en el sistema de justicia peruano.
