El programa Panorama reveló que Dina Boluarte, mientras mantenía un litigio laboral contra el Registro Nacional de Identificación y Estado C...
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El programa Panorama reveló que Dina Boluarte, mientras mantenía un litigio laboral contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) por más de S/ 239 mil, habría recibido apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para priorizar el pago a su favor. El caso se originó cuando Boluarte trabajaba en el RENIEC y reclamaba una indemnización inicial de S/ 428 mil, de la cual una parte fue reconocida judicialmente.
En mayo de 2022, la actual mandataria obtuvo una sentencia favorable que le otorgaba S/ 239 mil, monto menor al solicitado. Sin embargo, RENIEC apeló y el expediente pasó a casación, etapa en la que, por ley, no se puede ejecutar el pago hasta que el proceso concluya. A pesar de esto, a inicios de 2024 el MEF habría incluido el caso en una “lista priorizada” de sentencias judiciales, lo que permitiría una ejecución anticipada.
La investigación periodística señaló que esta priorización se produjo por un pedido concreto del Gobierno, con respaldo del MEF, aunque encontró resistencia en el RENIEC. Según la información difundida, esta medida buscaba agilizar el desembolso a favor de Boluarte, pese a las restricciones legales.
La demanda, presentada en 2020, incluía conceptos como refrigerio, transporte, aguinaldos, uniformes, bono de cierre de pliego y canastas navideñas. No obstante, parte de estos beneficios fueron rechazados por la entidad, especialmente los vinculados a derechos sindicales, debido a que Boluarte nunca perteneció a un sindicato. El abogado laboralista Javier Dolorier calificó como irregular que se otorguen beneficios sindicales a alguien sin afiliación gremial.
Tras las primeras revelaciones, el MEF emitió un oficio reconociendo que la incorporación del caso a la lista priorizada fue un “error” y ordenando su retiro. Esta rectificación ocurrió después de que Panorama difundiera un reportaje inicial sobre el tema en abril de 2024, lo que generó presión pública.
La controversia se reavivó en abril de 2025, cuando el Sexto Juzgado Especializado de Trabajo Permanente ordenó expresamente no pagar la indemnización hasta que se resuelva la casación, bajo advertencia de responsabilidad funcional. Con esta resolución, cualquier intento de adelanto quedó frenado de manera temporal.
