La directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Ángela Grossheim, advirtió que la inseguridad y la cr...
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La directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Ángela Grossheim, advirtió que la inseguridad y la criminalidad vinculadas a la minería ilegal se han convertido en factores que limitan la competitividad de la minería formal en el Perú. Recordó que, según la última Encuesta Fraser, el porcentaje de empresas mineras que consideran a la inseguridad como un obstáculo fuerte o decisivo para invertir en el país pasó de 6% en 2018 a 29% en 2024.
Grossheim señaló que el exceso de trámites burocráticos también afecta de manera directa el nivel de competitividad, ya que genera incertidumbre y falta de predictibilidad en el desarrollo de los proyectos mineros. Esto coloca al Perú en desventaja frente a otras plazas de inversión, pues los procedimientos prolongados retrasan la ejecución de iniciativas y restan confianza a los inversionistas.
Al respecto, recordó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizó un estudio en 18 países de la región que concluyó que la burocracia ha proliferado a un ritmo acelerado en América Latina, volviendo los procesos cada vez más complejos. Estos trámites no solo elevan los costos para los Estados, sino también para las empresas y los ciudadanos, que deben enfrentar reiteradas visitas e interacciones con las entidades públicas.
La representante de la SNMPE reconoció que se han registrado avances a través de las Mesas Ejecutivas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero advirtió que aún falta una evaluación integral de los procedimientos administrativos y de las entidades vinculadas con la actividad minera. Propuso reducir duplicidades y retrasos, promover la digitalización e interoperabilidad entre instituciones, y fortalecer las capacidades del sector público para agilizar los procesos sin relajar las obligaciones de los administrados.
Finalmente, Grossheim invocó a asumir el reto de recuperar la confianza institucional, establecer reglas claras y enfrentar con firmeza la criminalidad ligada a la minería ilegal. Solo de esa manera —dijo— será posible viabilizar la cartera de proyectos mineros, recuperar la competitividad perdida y aprovechar el potencial geológico del país como motor de crecimiento económico, generación de empleo y desarrollo regional.
