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El crimen organizado se ha convertido en un obstáculo significativo para el desarrollo económico y social del Perú. La expansión de actividades ilícitas como el narcotráfico, la trata de personas, la extorsión y el sicariato no solo afecta la seguridad ciudadana, sino que también desalienta la inversión y debilita las instituciones del Estado.
En respuesta a esta amenaza, el Gobierno peruano ha implementado diversas estrategias para combatir la criminalidad organizada. Entre las medidas adoptadas se encuentra la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao, con el objetivo de frenar la creciente ola de delincuencia que afecta al país. Esta medida permite la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional para mantener el orden interno, aunque implica restricciones temporales a ciertos derechos fundamentales, como el libre tránsito y la reunión.
Además, se han destinado más de 12,000 millones de soles para intensificar la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado. Esta inversión busca fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar la paz social en el país.
El Ejecutivo también ha promovido la creación de brigadas especiales contra el crimen en distritos con alta incidencia delictiva, como San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, con el objetivo de combatir de manera más efectiva las organizaciones criminales que operan en estas zonas.
Estas acciones reflejan el compromiso del Estado peruano en enfrentar el crimen organizado y mitigar su impacto negativo en el desarrollo del país.
