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En respuesta al asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz, la presidenta Dina Boluarte anunció un toque de queda en la provincia, vigente de 6:00 p.m. a 6:00 a.m., y la suspensión de todas las actividades mineras por 30 días prorrogables. Estas acciones buscan facilitar la instalación de bases militares y policiales para reforzar la seguridad en la zona. Además, se desplegarán más de mil policías y se instalará una base militar en el distrito de Pataz. El presunto responsable de la masacre, Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, habría huido a Colombia antes de que se emitiera una orden de captura en su contra.
El Gobierno también solicitó facultades legislativas al Congreso para legislar en materia de terrorismo urbano. Sin embargo, se descartó la declaración de estado de sitio en la región, ya que esta medida se reserva para situaciones de invasión, guerra exterior o guerra civil. Los familiares de las víctimas expresaron su indignación por la falta de apoyo del Estado y de la minera La Poderosa, y se informó que, al no tener contratos formales, los deudos no serían indemnizados.
Estas medidas se suman al estado de emergencia vigente en Pataz desde febrero de 2024, declarado debido a la creciente violencia y presencia de mafias vinculadas a la minería ilegal.
