Un nuevo escándalo golpea al Ejecutivo tras revelarse que la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental, a cargo del exministro censu...
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Un nuevo escándalo golpea al Ejecutivo tras revelarse que la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental, a cargo del exministro censurado Juan José Santiváñez, gasta cerca de S/ 900 mil anuales solo en planillas. Esta oficina fue creada durante el actual gobierno y ha sido señalada por su reducido personal y elevados sueldos.
Según el programa Cuarto Poder, la entidad opera con dos especialistas y dos analistas en monitoreo, además de una secretaria y un asistente. Los especialistas ganan S/ 11,970 mensuales, los analistas S/ 7,135, mientras que los otros dos trabajadores perciben sueldos menores, pero también considerables.
A ello se suma la contratación de un asesor FAG, externo a la planilla regular, con un salario de S/ 15,000 mensuales. Se trata de un consultor que es financiado mediante el Fondo de Apoyo Gerencial del Estado.
El reportaje también señala nombres como el de Linnet Echegaray, exasesora del Ministerio del Interior, quien cobró más de S/ 21,000 entre mayo y junio. Asimismo, se menciona a Erick Caso, quien también trabajó en el Mininter y luego fue designado secretario general de la misma oficina tras recibir casi S/ 10 mil por servicios en un corto periodo.
Otra revelación involucra reuniones entre alcaldes distritales y el despacho que dirige Santiváñez. Se evidenció que algunos de estos municipios fueron luego favorecidos en el Proyecto de Ley 11923/2024, que plantea la entrega de un crédito suplementario por S/ 636 millones.
Entre los visitantes figuran el alcalde de Santa Lucía, en Puno, cuya comuna recibirá S/ 3.2 millones; el alcalde de Ancón, con proyectos por casi S/ 2 millones; y el burgomaestre del Rímac, cuyo distrito obtendrá S/ 942 mil. Este último negó haber tratado ese tema con Santiváñez.
Por su parte, la Presidencia de la República emitió un comunicado negando irregularidades. Aseguró que la oficina solo tiene dos funcionarios designados y que su rol se limita a facilitar la articulación entre gobiernos. También rechazó que existan presiones o condiciones hacia autoridades regionales relacionadas con el proyecto de ley.
