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Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, denunció ante la comunidad internacional el pedido de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, de cancelar la inscripción de su partido por presunta “conducta antidemocrática”. La excandidata presidencial calificó la medida como un “grave atentado contra la democracia” impulsado por una “fiscal politizada”.
Sin embargo, Fuerza Popular ha mantenido en los últimos años una postura crítica hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), rechazando su intervención en temas internos del Perú. En 2022, tras la orden del organismo de impedir la liberación de Alberto Fujimori, el congresista Fernando Rospigliosi calificó a la Corte como “caviar” y acusó de “injerencia”.
Más recientemente, en 2025, la Corte IDH ordenó al Estado peruano abstenerse de aplicar la Ley 32419, conocida como “Ley de amnistía”. Esto generó nuevas críticas de parlamentarios fujimoristas como Martha Moyano, quien pidió equilibrar el respeto a tratados internacionales con la soberanía nacional, mientras que Rospigliosi instó a iniciar un proceso para el retiro del Perú del organismo internacional.
