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Poder Legislativo respalda estrategia presidencial. La Asamblea Legislativa de El Salvador, con una mayoría abrumadora de 59 votos de 60, ha ratificado una reforma constitucional que permite la imposición de la cadena perpetua para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo. Esta medida, impulsada directamente por la administración de Nayib Bukele, deroga la prohibición previa de penas de por vida y eleva el techo de condena que anteriormente se situaba en 60 años. El mandatario justificó la decisión bajo la premisa de que no existe la reinserción para miembros de pandillas, argumentando que la pertenencia a estas estructuras criminales es un "delito continuado" que solo cesa con el fallecimiento del individuo.
Cifras récord y control territorial. La implementación de esta reforma se produce en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, el cual ha resultado en la detención de más de 91,300 personas vinculadas a las maras MS-13 y Barrio 18. Según el Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, esta "guerra sin cuartel" busca garantizar que los responsables de la violencia sistemática no regresen a las calles bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, este modelo ha llevado a El Salvador a registrar la tasa de encarcelamiento más alta del planeta, con aproximadamente 1,700 reclusos por cada 100,000 habitantes, según datos del World Prison Brief, lo que plantea serios desafíos sobre la sostenibilidad del sistema penitenciario.
Cuestionamientos internacionales por derechos humanos. Pese al respaldo popular y la drástica reducción de la tasa de homicidios, la reforma enfrenta duras críticas de organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Entidades de expertos internacionales (GIPES) han denunciado ante la CIDH posibles crímenes de lesa humanidad, incluyendo tortura y violencia sexual en los centros penales. Reportes de la organización Socorro Jurídico señalan que al menos 500 detenidos han fallecido bajo custodia del Estado, de los cuales se estima que una gran mayoría no presentaba perfil de pandillero. Ante estas acusaciones, el Ejecutivo ha descalificado a las ONG calificándolas de "defensoras del crimen", mientras avanza en la adecuación del Código Penal para aplicar este nuevo marco de encierro perpetuo.
