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¿Justicia social o quiebra fiscal? En medio de una sesión marcada por gritos y suspensiones, el Congreso de la República dio luz verde a la Ley de Pensión Digna para Docentes, fijando en S/ 3,500.70 el monto mensual para los maestros jubilados. La norma, que fue exonerada de trámites en comisiones para acelerar su votación, vincula directamente la pensión a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial. Pese a que la presidenta Dina Boluarte había observado la ley por considerarla inconstitucional, el Legislativo decidió insistir, equiparando así los ingresos de los docentes retirados con los que están en actividad.
Gasto millonario bajo la lupa. La aprobación no estuvo libre de polémica; las congresistas Flor Pablo y Patricia Juárez protagonizaron un fuerte altercado que obligó al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, a suspender la sesión momentáneamente. Mientras los gremios docentes celebran la medida, instituciones como el Consejo Fiscal advierten que esta ley generará un gasto anual de S/ 5,670 millones, lo que representaría una presión "insostenible" para las finanzas públicas. Gremios empresariales ya alertan que el Congreso está vulnerando la Constitución al ejercer iniciativa de gasto, una facultad que le pertenece exclusivamente al Poder Ejecutivo.
El futuro en manos del TC. La normativa establece que el MEF y el Ministerio de Educación deberán coordinar la implementación de este nuevo monto, que se ajustará según la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Sin embargo, el fantasma de la inconstitucionalidad planea sobre la norma, ya que el Gobierno podría recurrir al Tribunal Constitucional para frenarla, argumentando que el Parlamento no puede crear obligaciones fiscales permanentes. Por ahora, la ley es una realidad que beneficia a miles de maestros de educación básica, especial y técnica que esperaban un aumento significativo en sus boletas de pago.
