En una decisión que ha dejado fríos a los sindicatos y sectores de izquierda, el gobierno de José María Balcázar confirmó que mantendrá vi...
En una decisión que ha dejado fríos a los sindicatos y sectores de izquierda, el gobierno de José María Balcázar confirmó que mantendrá vigente el polémico Decreto de Urgencia 010-2025, la norma que abre las puertas a la privatización progresiva de Petroperú. El primer ministro, Luis Arroyo, ratificó que no habrá marcha atrás con este decreto, a pesar de que el propio Balcázar, cuando era congresista, firmó proyectos de ley para derogarlo por considerarlo "inconstitucional".
Para evitar el colapso total de la petrolera —que hoy opera apenas al 60% de su capacidad en Talara por falta de liquidez—, el Ejecutivo alista un salvavidas de emergencia: un aval estatal por hasta US$ 2,500 millones. Bajo este esquema, el Estado no inyectará dinero en efectivo (para no golpear más el bolsillo del ciudadano), sino que actuará como garante ante la banca privada para que la empresa pueda endeudarse nuevamente y así pagar sus deudas de corto plazo.
La situación es crítica: expertos advierten que a Petroperú solo le queda una semana de oxígeno financiero antes de verse obligada a paradas parciales o el cierre temporal de operaciones. Mientras los gremios empresariales ven con buenos ojos este "reflotamiento privado", los sindicatos denuncian una "traición" de Balcázar, asegurando que el plan real es desmantelar la empresa estratégica del Estado para entregar sus activos a manos particulares bajo la fachada de una "reorganización".
