El Tribunal Constitucional declaró improcedente el recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Pedro Castillo, el cual buscaba a...
El Tribunal Constitucional declaró improcedente el recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Pedro Castillo, el cual buscaba anular la orden de prisión preventiva de 36 meses impuesta por los casos acumulados de Petroperú, Puente Tarata y el Ministerio de Vivienda. El máximo intérprete de la Constitución determinó que no existen "asuntos de relevancia constitucional" ni vulneración de derechos fundamentales que justifiquen la libertad del exmandatario. Con esta sentencia, el TC valida las resoluciones judiciales de 2023 que enviaron a Castillo al penal de Barbadillo mientras es investigado por organización criminal y colusión.
Asimismo, el TC rechazó el intento de la defensa por invalidar la detención preliminar y las diligencias fiscales derivadas del golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. El tribunal señaló que muchas de las resoluciones cuestionadas ya han perdido efecto jurídico debido a que el proceso ha avanzado (sustracción de la materia), y enfatizó que el inicio de las investigaciones por parte de la Fiscalía no constituye una amenaza ilegal a la libertad personal. Esta decisión refuerza la validez del proceso penal que ya derivó en una condena de más de 11 años de cárcel por conspiración para la rebelión.
Finalmente, este revés judicial llega en un momento crítico, apenas dos meses después de que se ampliara el plazo de su prisión preventiva por 12 meses adicionales. Mientras Castillo intenta posicionarse políticamente a través de su nuevo abogado, el exfiscal José Domingo Pérez, el sistema de justicia constitucional ha dejado claro que las pruebas y los procedimientos seguidos por la Fiscalía y el Poder Judicial se ajustan a la ley. Para Castillo, el camino hacia la libertad parece estar bloqueado por una estructura jurídica que, por ahora, se muestra inquebrantable.
