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Rafael López Aliaga ha sacudido nuevamente el tablero político al anunciar la presentación de una denuncia penal contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo. Según el candidato de Renovación Popular, Burneo incurrió en omisión de funciones al no suspender la jornada electoral del 12 de abril a la medianoche del sábado previo, cuando ya era evidente que el material electoral no llegaría a tiempo a cientos de locales en Lima. López Aliaga sostiene que el magistrado tenía la obligación de postergar los comicios por una semana para garantizar el derecho al voto, y calificó su inacción como una falta grave que empaña la legitimidad del proceso.La ofensiva legal de López Aliaga no se detiene en lo penal; su personero legal ha interpuesto un escrito ante el JNE solicitando la nulidad parcial de las elecciones en todos los centros de votación que recibieron el material fuera de hora. El objetivo es claro: forzar la repetición del sufragio en las mesas afectadas, donde el candidato cree que sus simpatizantes se vieron impedidos de votar. Con el conteo de la ONPE al 95% situándolo en un ajustado tercer lugar —detrás de Roberto Sánchez por apenas unos miles de votos—, esta medida es vista como su última carta para intentar desplazar al candidato de Juntos por el Perú y entrar a la segunda vuelta contra Keiko Fujimori.
Además de las acciones en el Ministerio Público y el JNE, el exalcalde de Lima adelantó que llevará su reclamo ante la justicia constitucional y convocará a sus seguidores a movilizaciones en las calles para presionar a las autoridades. Esta postura de confrontación directa ocurre en un clima de alta tensión, con la Fiscalía ya allanando al exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, y el JNE declarando "inviable" cualquier elección complementaria. Mientras López Aliaga denuncia un "secuestro del país", el sistema electoral intenta cerrar el cómputo final en medio de una crisis de confianza que amenaza con desbordar las instituciones.
