El panorama judicial de la ex jefa del Gabinete, Betssy Chávez, se complica aún más desde su refugio en la Embajada de México. El Poder Ju...
El panorama judicial de la ex jefa del Gabinete, Betssy Chávez, se complica aún más desde su refugio en la Embajada de México. El Poder Judicial aprobó la incorporación de la Procuraduría General del Estado como "actor civil" en la investigación que se le sigue por presunto tráfico de influencias y negociación incompatible. Esta decisión faculta al Estado para solicitar y cobrar una reparación civil económica en caso de que Chávez sea hallada culpable de favorecer con cargos públicos a los familiares de su entonces pareja, Abel Sotelo.
Según la tesis fiscal, la exministra habría movido sus influencias para contratar a los hermanos de Sotelo como asistentes en su despacho congresal y en EsSalud Tacna. Además, se le acusa de intervenir en el nombramiento de su suegro, Antonio Sotelo, como intendente de Sunafil en Puno. El juez supremo Juan Carlos Checkley validó el pedido de la Procuraduría, mientras que la Fiscalía ha declarado el caso como "complejo", fijando un plazo de ocho meses para profundizar en estas irregularidades que habrían ocurrido durante su paso por los ministerios de Cultura y Trabajo.
Este nuevo proceso avanza mientras Betssy Chávez permanece bajo asilo diplomático en la residencia de la Embajada de México en Lima. Cabe recordar que sobre ella ya pesa una condena de 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para rebelión, dictada en diciembre de 2025 a raíz del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. Con esta nueva disposición, la ex premier no solo enfrenta la cárcel, sino también la obligación de pagar millonarias sumas al tesoro público por daños y perjuicios al Estado.
