La incertidumbre política provocada por la reñida segunda vuelta electoral ha empezado a pasarle factura a la economía del país, logrando ...
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La incertidumbre política provocada por la reñida segunda vuelta electoral ha empezado a pasarle factura a la economía del país, logrando que los fondos de inversión internacionales congelen temporalmente nuevos proyectos mineros. Los grandes inversionistas extranjeros han decidido poner en pausa la llegada de capitales destinados a actividades extractivas a la espera de ver qué pasa en las encuestas y quién ganará el balotaje del próximo 7 de junio. Según firmas financieras como Kallpa SAB, existe un fuerte temor en los mercados de que un eventual gobierno de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), visto con recelo por algunas posiciones "antimercado", cambie drásticamente las reglas del juego económico y afecte la estabilidad jurídica del país.
Esta parálisis se da en el peor momento posible, justo cuando el Perú debería estar nadando en dinero debido a una bonanza mundial de precios. Por un lado, el oro se ha disparado un 41% en el último año debido a las tensiones geopolíticas globales; por el otro, la transición energética en el mundo hace que el cobre y otros minerales estratégicos sean más pedidos que nunca. Los analistas advierten que en el país existen actualmente entre 30 y 40 proyectos mineros nuevos (conocidos como greenfield) listos para ejecutarse, pero cuyos dueños no soltarán ni un dólar hasta estar seguros de que el próximo presidente respetará la inversión privada.
El costo económico de este freno empresarial podría ser altísimo para los peruanos. Especialistas advierten que si el panorama político se estabiliza y favorece la inversión, el Perú podría acelerar su crecimiento y sacar adelante megaproyectos clave como Tía María y Zafranal, lo que ayudaría a reducir rápidamente la informalidad y la pobreza. Sin embargo, al mantener los proyectos guardados en el escritorio, no solo sufre la minería: la falta de obras golpeará de forma inmediata a los sectores de servicios, transporte, logística y a miles de proveedores locales que dependen de las minas para sobrevivir, dejando al Perú rezagado frente a otros países que compiten agresivamente por captar esos mismos millones
