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Bolivia afronta una cruenta crisis política y social que ya cumple 17 días de paros, bloqueos y enfrentamientos, acumulando un saldo oficial de cuatro fallecidos (con reportes extraoficiales de hasta seis) y entre 30 y 50 heridos. El detonante de las movilizaciones contra el presidente Rodrigo Paz radica en polémicas medidas gubernamentales: una reforma agraria que altera la tenencia de la tierra en favor de medianos fundos —interpretada por los productores como un giro neoliberal que los desprotegerá— y la eliminación del subsidio a la gasolina, medida que disparó el descontento popular pese al restablecimiento del suministro energético.
Las revueltas, concentradas en focos históricos como La Paz, El Alto y la región cocalera del Chapare en Cochabamba, han aglutinado a poderosos bloques sindicales, entre ellos la Central Obrera Boliviana (COB), los denominados "ponchos rojos", gremios magisteriales y comités de productores de coca, quienes ya marchan con destino a la Plaza Murillo, sede del Ejecutivo. Según detalló el parlamentario andino Gustavo Pacheco, el expresidente Evo Morales ejerce una fuerte influencia en estas facciones desde su bastión en el Chapare, donde permanece resguardado por las bases cocaleras haciendo ineficaces las órdenes judiciales de captura emitidas en su contra.
El conflicto ha traspasado las fronteras, generando un choque directo entre La Paz y Bogotá. Luego de que el mandatario colombiano Gustavo Petro calificara la crisis como una "insurrección popular" y se ofreciera como mediador, la Cancillería boliviana respondió de forma tajante expulsando a la embajadora de Colombia, dando por concluida su misión diplomática sin llegar a la ruptura total de relaciones. Paralelamente, la Casa Blanca exteriorizó su preocupación a través del subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, quien durante la Cumbre de las Américas advirtió de manera explícita que en el país altiplánico se encuentra en pleno desarrollo un intento de golpe de Estado.
