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La sede de gobierno de Bolivia se convirtió en un escenario de terror este lunes, cuando miles de manifestantes armados con explosivos, palos y piedras rompieron los cercos de seguridad e intentaron asaltar la Plaza de Armas para tumbarse al presidente Rodrigo Paz. La policía antimotines contuvo el ataque durante horas usando una cantidad masiva de gas lacrimógeno que dejó la ciudad bajo una neblina asfixiante. La jornada dejó escenas vandálicas brutales: un grupo de manifestantes saqueó una oficina del registro nacional de bienes, robando computadoras y mobiliario para luego prenderle fuego a un patrullero en plena vía pública. El balance extraoficial ya reporta más de un centenar de detenidos y decenas de heridos en los hospitales.
Para echarle más leña al fuego, la Fiscalía General de Bolivia pateó el tablero al ordenar la captura inmediata de Mario Argollo, uno de los principales líderes de las protestas y cabeza de la Central Obrera Boliviana (COB), acusándolo formalmente de "terrorismo" e "instigación a delinquir". Desde su refugio en el Chapare, el expresidente socialista Evo Morales (quien está prófugo de la justicia por presunta trata de una menor) saltó en redes sociales a calificar esto como una "brutal persecución". El gobierno de Paz no se quedó callado y denunció que Morales mandó a su gente a caminar 180 kilómetros desde Oruro para sitiar La Paz, usando a los indígenas y campesinos como escudos humanos solo para evitar que la policía lo capture por sus delitos personales.
El fondo de este estallido es la peor crisis económica que vive Bolivia desde los años 80, una bomba de tiempo que le explotó a Rodrigo Paz tras apenas seis meses de asumir el poder y cortar 20 años de gobiernos socialistas. Al quedarse el país sin reservas de dólares, el mandatario de centroderecha eliminó los subsidios a la gasolina y el diésel, disparando la inflación al 14% y haciendo que la comida y las medicinas se vuelvan impagables
