La excandidata a la segunda vicepresidencia por Juntos por el Perú (JP), Brígida Curo, afirmó con contundencia que su organización política ...
La excandidata a la segunda vicepresidencia por Juntos por el Perú (JP), Brígida Curo, afirmó con contundencia que su organización política no reconocerá los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial que dan como ganadora a Keiko Fujimori. Al salir de una reunión partidaria en Lima, Curo defendió que el verdadero ganador de los comicios es Roberto Sánchez, argumentando que ganaron en el territorio nacional y dejando de lado los sufragios de los peruanos en el extranjero. Asimismo, la exaspirante arremetió contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), acusándolo de querer "imponerse" mediante un supuesto fraude, aunque evitó presentar pruebas que respalden sus afirmaciones.
Esta postura de rechazo se alinea con la del propio Roberto Sánchez, quien, a pesar de admitir su derrota en las urnas por una ajustada diferencia, calificó el proceso como "irregular". Sánchez anunció que no se quedará de brazos cruzados y convocará a una coalición política y social de oposición para vigilar de cerca la gestión de Fuerza Popular para el periodo 2026-2031. Además, adelantó que recurrirá a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar las supuestas anomalías de la elección, en un intento por revertir el golpe político de quedarse sin un cargo público tras sus recientes derrotas electorales.
Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones desbarató rápidamente la narrativa de fraude de Juntos por el Perú al rechazar los pedidos para anular más de 2,300 mesas de votación en Lima y Estados Unidos. El máximo organismo electoral aclaró que las impugnaciones de la izquierda se basaban únicamente en sospechas y análisis estadísticos subjetivos, mas no en evidencias reales de manipulación de actas. Finalmente, el tribunal desestimó las acusaciones sobre la "clonación" de cifras y las sospechas en el extranjero, señalando que un fraude masivo habría requerido una imposible coordinación entre miles de miembros de mesa y fiscalizadores
