El presidente Pedro Castillo envió esta mañana un documento al Congreso con la finalidad de observar la autógrafa que debilita la autonomía ...
El presidente Pedro Castillo envió esta mañana un documento al Congreso con la finalidad de observar la autógrafa que debilita la autonomía de la SUNEDU.
A través de un oficio con numeración 158-2022, el mandatario se pronunció ante la reconocida norma que fue motivada por el Parlamento.
“Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con relación a la autógrafa de ley que establece la autonomía y la institución de las universidades peruanas. Al respecto, consideramos correspondiente observarla por las siguientes razones que son desarrolladas más a detalle a lo largo de este oficio”, empieza dicho documento.
El documento destinado a María Carmen Alva, presidenta del Parlamento, también expresa que “la autógrafa de ley es contraproducente para la implementación de está pues es imprescindible que haya una única estrategia y un horizonte claro respecto a un tema tan fundamental para el desarrollo del país”, expresó.
Como se recuerda, el titular de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Oswaldo Zegarra, dio a conocer el malestar por la ley aprobada en la víspera en el Congreso de la República. La normativa plantea que representantes de las mismas universidades conformen el consejo directivo del ente regulador.
“Desde la Sunedu consideramos importante alertar a la ciudadanía sobre el peligro inminente que se cierne sobre la reforma universitaria. Invitamos al Ejecutivo que la revise con detenimiento y la observe”, manifestó el superintendente.
Para Zegarra, esta norma motivada por el Parlamento, tiene como finalidad eliminar al regulador, secuestrarlo y mantenerlo como si nada hubiera pasado. “De esta manera, mantendrán la idea que están siendo regulados, cuando en realidad el regulador está bajo su control”, manifestó. En esa línea, dijo que la piedra angular de cualquier sistema de aseguramiento de la calidad es supervisarlos, no que se supervisen a sí mismos.
“Creo que (detrás de la ley aprobada por el Congreso) hay un interés de retornar a un antiguo estado de cosas que el Tribunal Constitucional consideró inconstitucional en la estructura de la educación superior. Mejor dicho, regresar a lo que antes estuvo en la ley universitaria, donde no había control del Estado para supervisar, fiscalizar y licenciar instituciones universitarias”, señaló en aquel entonces el superintendente a la prensa.
