Según el informe de Control Especifico N°017-2022-2-0776-SCE, la Contraloría General de la República halló responsabilidad penal en tres...
Según el informe de Control Especifico N°017-2022-2-0776-SCE,
la Contraloría General de la República halló responsabilidad penal en
tres funcionarios de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Tacna, quienes
entre los años 2021 y 2022 recibieron doble percepción de ingresos provenientes
del Estado, provocando vulneración a la Ley Marco del Empleo Público y la Ley
del Servicio Civil.
Se
trata de la responsable de la jefatura de Equipo de Trabajo y Presupuesto, el
jefe de la Oficina de Logística y el jefe de Equipo de Trabajo de
Administración de Recursos Humanos, quienes se encuentran vinculados a la
entidad mediante el régimen laboral N° 276 “Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público”, y para acceder otro
ingreso adicional presentaron declaraciones juradas en las que afirman no
percibir otros ingresos del Estado.
·
El primer caso, corresponde a la responsable
de la jefatura de Equipo de Trabajo y Presupuesto,quien incurrió en doble
percepción al cobrar S/ 25 418 por realizar servicios por terceros a las
municipalidades distritales de La Yarada-Los Palos y Pocollay.
·
Similar situación ocurrió con el jefe de la Oficina
de Logística, quien además de cobrar su sueldo mensual en la entidad, también
recibió de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva el importe de S/ 8800, al
realizar servicios para la Gerencia de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones de la mencionada comuna.
·
El tercer caso es d el jefe de Equipo de
Trabajo de Administración de Recursos Humanos, realizó un servicio a la
Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva por S/ 3000, monto que fue cobrado
durante el primer trimestre del 2022, adicionalmente al salario que
mensualmente percibía del Estado por laborar para la Diresa Tacna.
Segun
Contraloría corresponde al director de la Diresa Tacna tomar acciones para
deslindar responsabilidades y a la Procuraduría de la Contraloría General de la
República para que inicie las acciones penales en contra de los funcionarios
involucrados.