Según el informe de Control N°014-2022-2-5352-SCE, la Contraloría General determinó que, en mayo del 2019, un grupo de evaluadores de la D...
Según el informe de Control N°014-2022-2-5352-SCE, la Contraloría General determinó que, en mayo del 2019, un grupo de evaluadores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Tacna permitieron a una tercera persona rendir 206 exámenes de conocimiento para obtener licencias de conducir y luego validaron los resultados aprobatorios de estas pruebas que permitieron a igual número de personas obtener y revalidar brevetes de nivel profesional y particular.
Contraloría accedió a los reportes del Sistema de Examen de
Conocimientos (SIEC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y a
los videos proporcionados por la entidad, en los cuales se verificó que los
días 17, 20, 21 y 22 de mayo de 2019, los servidores de turno consintieron que
una persona extraña al proceso de evaluación acceda a la sala autorizada para
rendir las pruebas.
Dicha persona resolvió
entre 35 y 79 exámenes por día en un lapso de uno a tres minutos y desde una
misma computadora de la sala en algunos casos; mientras que en otros casos
utilizó consecutivamente diferentes máquinas que no eran ocupadas por los
postulantes.
Esa irregularidad permitió
que 206 personas accedieran a licencias de conducir de diferentes niveles, en
su mayoría revalidaciones o recategorización de brevete AIIIC, AIIIB, AIIB, y
obtención de nuevos permisos para conducir AI.
Estos hechos afectaron el
correcto funcionamiento de la administración pública, al no garantizar la
protección de la vida humana, integridad, seguridad vial y bienestar de la
comunidad que debe resguardar el sistema de emisión de licencias de conducir.
Por tanto, se encontró
responsabilidad penal en Demetrio Fuentes Vera y Luis Fernández Andia,
servidores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, quienes
cumplieron el rol de evaluadores durante los días en que ocurrieron las
suplantaciones de los exámenes de conocimientos y validaron los resultados aprobatorios
de dichas pruebas.
Ahora corresponde al
director de la entidad adoptar acciones y a la Procuraduría Pública
Especializada en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones penales.
