(Fuente: Espresso) Redacción Radio Positiva Perú A escasos días de la celebración del 28 de julio, Fiestas Patrias, Perú s...
Redacción Radio Positiva Perú
A escasos días de la celebración del 28 de julio, Fiestas Patrias, Perú se encuentra sumido en una profunda crisis política e institucional que se ve reflejada en la compleja situación judicial que enfrentan sus principales figuras políticas. La presidenta Dina Boluarte, junto a líderes de la oposición como Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón, se encuentran bajo la lupa de la justicia, enfrentando investigaciones o procesos judiciales por presuntos delitos que van desde corrupción hasta lavado de activos.
La presidenta Boluarte, quien llegó al poder en medio de una crisis política, se encuentra ahora en el ojo del huracán por el caso Rolex y las investigaciones sobre las muertes ocurridas durante las protestas tras la destitución de Pedro Castillo. En un intento por frenar estas investigaciones, ha recurrido a recursos legales y ha iniciado una campaña para desacreditar al Ministerio Público. Por su parte, Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, afronta un juicio por lavado de activos en el que la Fiscalía solicita más de 30 años de prisión. Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, se mantiene prófugo de la justicia mientras intenta beneficiarse de leyes promovidas por su partido para evitar condenas en su contra.
El Congreso de la República, lejos de ser un contrapeso institucional, ha promovido una serie de leyes que, según expertos, debilitan la lucha anticorrupción y minan la institucionalidad del país. Entre estas se encuentran la ley Soto, modificaciones a la norma de crimen organizado, y leyes que dificultan la persecución de delitos cometidos por organizaciones políticas. Estas acciones han llevado a una pérdida crítica de confianza ciudadana en la democracia y las instituciones, con niveles de aprobación históricamente bajos tanto para el Congreso como para la Presidencia.
Analistas y expertos advierten que esta crisis de representación política es extremadamente grave y podría ser irreversible sin cambios significativos en el sistema político y legal del país. La situación se torna aún más preocupante al considerar las próximas elecciones de 2026, donde ya se perfilan como candidatos figuras controvertidas como Antauro Humala y Alberto Fujimori, ambos con condenas previas por delitos graves. Este escenario plantea serios cuestionamientos sobre el futuro de la democracia peruana y la capacidad del sistema político para regenerarse y recuperar la confianza de los ciudadanos, dejando al país en un estado de incertidumbre institucional sin precedentes en su historia reciente.
