(Fuente: Latina) Redacción Radio Positiva Perú El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha declarado improcedente la h...
(Fuente: Latina)
Redacción Radio Positiva Perú
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha declarado improcedente la huelga indefinida anunciada por el Sindicato Nacional de Trabajadores CAS de la Superintendencia Nacional de Migraciones. La medida de fuerza, que estaba programada para iniciar el 27 de julio, justo antes de las celebraciones por Fiestas Patrias, ha sido considerada "ilegal" por las autoridades al no cumplir con los requisitos legales necesarios y, más importante aún, por poner en riesgo el control migratorio de ingreso y salida del territorio nacional, un servicio considerado esencial para el país.
La resolución emitida por el MTPE ha sido respaldada por declaraciones de altos funcionarios del gobierno. La ministra de Comercio Exterior, Elizabeth Galdo Marín, adelantó que el turismo continuará con normalidad durante las Fiestas Patrias, buscando tranquilizar a los viajeros nacionales e internacionales. Esta decisión se tomó tras una revisión de la situación en el Consejo de Ministros, donde se evaluaron las implicaciones de la huelga para el sector turístico y la seguridad nacional.
El sindicato, por su parte, había anunciado la paralización de puestos de control en puntos clave del país, incluyendo Tumbes, Trujillo, Pucallpa, Lima, Arequipa, Cusco y Tacna. Sus demandas incluían mejoras salariales y en las condiciones de trabajo, argumentando la existencia de "abusos e incumplimientos" por parte de la entidad. Entre las reivindicaciones se encontraban diversos bonos, como el bono por quinquenio, por el Día del Trabajador, de aprendizaje, de reconocimiento semestral, y otros beneficios laborales.
Ante esta situación, la administración de Migraciones ha manifestado su disposición al diálogo con los trabajadores para llegar a un acuerdo que sea conforme al marco legal y al presupuesto asignado. Sin embargo, la declaración de improcedencia de la huelga complica la posición negociadora del sindicato, ya que los trabajadores podrían enfrentar sanciones legales si deciden llevar adelante la medida de fuerza.