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El 12 de septiembre de 1992, el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, fue capturado por el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Policía Nacional en Lima. Sin embargo, ese día, el presidente Alberto Fujimori se encontraba en Iquitos, participando en un programa de ayuda social en comunidades nativas de la Amazonía. Recibió la noticia de la captura pasada la medianoche y, a pesar de la trascendencia del evento, no alteró su agenda ni su visita a las comunidades fronterizas de Santa Rosa y otros poblados del Bajo Amazonas.
Fujimori regresó a Lima al día siguiente y se dirigió a la Escuela Militar de Chorrillos para revisar el operativo antes de trasladarse a Palacio de Gobierno. Aunque intentó atribuirse el éxito de la captura de Guzmán, el presidente no había estado al tanto de la operación hasta después de su ejecución. Mientras tanto, el asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos, se encontraba en un cóctel en una embajada en Lima cuando la noticia fue transmitida por televisión.
El general Ketín Vidal, a cargo del operativo, confirmó que Guzmán no opuso resistencia y que ni Fujimori ni Montesinos estaban al tanto del operativo en tiempo real. La operación fue realizada sin que los principales actores políticos estuvieran involucrados o informados previamente, lo que destaca la capacidad operativa del GEIN y de DINCOTE, la Dirección Nacional contra el Terrorismo.
La captura de Guzmán se convirtió en uno de los logros más destacados del gobierno de Fujimori, que utilizó este éxito para fortalecer su posición política y justificar el autogolpe de 1992. La victoria fue empleada para consolidar el poder del régimen y promover una narrativa que destacaba la eficacia de las fuerzas armadas y la necesidad de una centralización del poder para enfrentar el terrorismo y la corrupción judicial.
A pesar de que la captura de Guzmán fue el resultado de una rigurosa operación de inteligencia, el discurso oficialista promovió una visión que atribuía el éxito exclusivamente a las fuerzas militares peruanas. Este enfoque contribuyó a la consolidación del régimen de Fujimori y ocultó las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto, justificadas bajo la premisa de autodefensa contra el terrorismo.
El análisis de la investigadora Jo-Marie Burt revela cómo las narrativas oficiales no solo reflejan, sino también constituyen las relaciones de poder y dominación, subrayando cómo la captura de Guzmán fue utilizada para reforzar la legitimidad del régimen de Fujimori y desviar la atención de las violaciones de derechos humanos durante su mandato.
