Cada año, millones de turistas nacionales y extranjeros visitan Cusco, atraídos por su riqueza cultural, su gastronomía y, especialmente, su...
Este fue el caso ocurrido la madrugada del último martes, cuando un hombre oriundo de Lima dañó la emblemática Piedra de los 12 Ángulos, ubicada a pocos metros de la Plaza Mayor del Cusco. De acuerdo con el Ministerio de Cultura, el ataque provocó seis desportillamientos en la estructura de la piedra, causando un perjuicio irreversible al monumento.
El incidente se conoció luego de que agentes de la Policía y Serenazgo fueran alertados sobre el accionar de Roysi Melanio Gabriel (30), quien fue captado en imágenes extrayendo un martillo de su mochila y golpeando repetidamente la piedra, generando fracturas en la superficie.
El coronel PNP Walter Poma, jefe de la División de Investigación de Crímenes del Cusco, informó que se ejecutó un operativo inmediato y se logró detener al agresor en flagrancia durante la misma mañana. “Se encontraba con síntomas de haber ingerido alcohol y alguna otra sustancia, él es natural de Lima pero su DNI indica que vive en el Valle Sagrado de Los Incas, se está investigando si tiene más antecedentes”, citó.
Por disposición de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cusco, a cargo del fiscal Jherson Zegarra, se solicitó a la Dirección Desconcentrada de Cultura evaluar el impacto del daño para determinar la sanción correspondiente.
En paralelo, un equipo técnico especializado y representantes de la Subdirección de Defensa del Patrimonio Cultural acudieron al lugar para realizar un análisis técnico y científico de los daños. “De acuerdo a la normatividad vigente, este hecho es un atentado de lesa cultura, pediremos máxima sanción porque el daño al patrimonio es irreversible”, señaló el director de Cultura de Cusco, Jorge Moya. Además, la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura asumirá la defensa legal del caso.
El Código Penal establece que los delitos contra el patrimonio cultural comprenden acciones que dañan o ponen en riesgo bienes históricos, estipulando penas de entre tres y ocho años de prisión, además de una multa de 180 a 365 días.
