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La denuncia constitucional presentada contra el expresidente Pedro Castillo por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, que busca inhabilitarlo por 10 años para ejercer cargo público, continúa sin avances en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso.
En julio pasado, el subgrupo de trabajo designó a José Jerí, de Somos Perú, como encargado de la investigación. Sin embargo, tras ser elegido presidente del Parlamento, Jerí renunció a la delegación, lo que obliga a la SAC —ahora bajo la presidencia de Lady Camones— a nombrar a un nuevo responsable. Según Camones, actualmente existen 214 denuncias constitucionales en trámite, de las cuales 44 deben recibir asignación, incluida la de Castillo.
La acusación, que reúne denuncias de los congresistas Alejandro Muñante y Alejandro Cavero, señala que Castillo quebrantó el orden constitucional con su intentona golpista. Además, se resalta que este hecho se vinculó con denuncias de corrupción, como la realizada por Salatiel Marrufo ante la Comisión de Fiscalización ese mismo 7 de diciembre.
La propuesta de inhabilitación adquiere relevancia porque Castillo, recluido en el penal de Barbadillo, tendría la intención de postular al próximo Congreso con el partido Juntos por el Perú.
