El Tribunal Constitucional (TC) emitió una sentencia el 19 de agosto que restringe las investigaciones fiscales contra Dina Boluarte y cualq...
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El Tribunal Constitucional (TC) emitió una sentencia el 19 de agosto que restringe las investigaciones fiscales contra Dina Boluarte y cualquier presidente en ejercicio. Sin embargo, especialistas señalan que esta medida no alcanzará a Pedro Castillo, detenido y procesado por el golpe de Estado de 2022 y presuntos actos de corrupción. La razón principal es que la disposición no tiene carácter retroactivo.
El penalista César Nakazaki aclaró que el fallo establece que los fiscales ya no podrán, por ejemplo, allanar Palacio de Gobierno mientras un mandatario esté en funciones, tal como ocurrió durante la gestión de Castillo. Subrayó que esta precisión solo aplica hacia adelante y no invalida lo sucedido en el pasado.
Nakazaki remarcó que, jurídicamente, el expresidente no podrá usar esta resolución como argumento para detener los procesos en su contra. Sin embargo, consideró que Castillo sí podría aprovecharla en el plano político, reclamando un trato diferenciado frente a Boluarte, a quien no podrán investigar hasta el 28 de julio de 2026.
Cabe recordar que en 2022, el propio TC rechazó un habeas corpus presentado por Castillo y validó el allanamiento de la Fiscalía a Palacio de Gobierno. Este antecedente, según Nakazaki, refuerza que los procesos en curso contra el exmandatario seguirán su curso legal.
El constitucionalista Aníbal Quiroga coincidió en que la sentencia del TC no aplica a casos graves como la disolución del Congreso o la ruptura del orden constitucional. Precisó que el artículo 117 de la Constitución ya contempla que un presidente puede ser acusado en ejercicio si intenta cerrar el Parlamento.
No obstante, el abogado de Castillo, Walter Ayala, interpreta lo contrario. Aseguró que el fallo del TC sí tendría efectos sobre procesos previos, pues sostiene que no crea una nueva norma, sino que interpreta de manera correcta el artículo 117. Por ello, anunció que pedirá la nulidad de las investigaciones contra su defendido.
Ayala adelantó que también solicitará la anulación de la detención de Castillo ocurrida el 7 de diciembre de 2022. Argumenta que, aunque el Congreso lo vacó ese día, la captura se produjo cuando todavía era jefe de Estado, por lo que, en su criterio, debía aplicarse la protección que ahora se reconoce a Boluarte.
