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Rafael Belaúnde Llosa, exministro de Energía y Minas, advirtió en una entrevista con RPP que la minería ilegal del oro representa hoy un riesgo crítico para el país, al mover más dinero que el narcotráfico y generar violencia y corrupción a gran escala. Señaló que, si no se toman acciones firmes, el Perú podría enfrentar una situación similar a la que vive México con el cartel de Sinaloa. Como ejemplo, mencionó los recientes hechos violentos en Pataz y Trujillo, donde bandas armadas han atacado minas, derribado torres de alta tensión y cometido atentados con explosivos.
El exministro sostuvo que este escenario refleja una claudicación del Estado frente a organizaciones criminales, lo que repercute directamente en la inversión privada. En su opinión, la inseguridad, sumada a la falta de seguridad jurídica y a los cambios en el marco legal y tributario, ha erosionado la confianza empresarial. Aseguró que sin resolver el problema de la criminalidad, el Perú no podrá atraer las inversiones necesarias para su desarrollo económico.
Belaúnde remarcó que el impacto de la inseguridad no solo afecta al gran capital, sino también a la pequeña inversión, que es la principal generadora de empleo en el país. Señaló que los emprendedores y pequeños comerciantes también enfrentan amenazas como la extorsión y el sicariato, lo cual limita su capacidad de crecer y aportar al dinamismo económico.
Sobre el aporte de la minería formal, resaltó que ha generado alrededor de S/ 100 mil millones para el Estado en los últimos cinco años, aunque cuestionó que dichos recursos no se traduzcan en mejoras reales en la calidad de vida de la población. Criticó que existan distritos con estadios sobredimensionados pero sin acceso a agua potable, y planteó la necesidad de rediseñar el canon minero para que llegue de manera directa a los ciudadanos, mediante transferencias o el fortalecimiento de programas sociales como Juntos, Pensión 65 y Beca 18.
Finalmente, propuso un modelo económico centrado en el ciudadano, con reformas sociales que acompañen a la inversión y promuevan un mercado más competitivo. Criticó la concentración en sectores como las AFP, la salud y los medicamentos, así como las leyes que favorecen intereses corporativos o la minería ilegal. Según Belaúnde, el Estado debe garantizar reglas claras y equitativas, mientras la iniciativa privada genera riqueza y el ciudadano se convierte en el verdadero beneficiario del crecimiento económico.
