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Desde las primeras horas de este viernes 24 de abril, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, junto a agentes de la SUAT, ejecuta el allanamiento de la vivienda de Piero Corvetto. La medida, autorizada por el juez Manuel Chuyo, responde a la investigación por los presuntos delitos de colusión y omisión de funciones derivados de las graves irregularidades logísticas en la primera vuelta. El operativo incluye la incautación de computadoras, celulares y documentos no solo en la casa del exjefe de la ONPE, sino también en las oficinas de la empresa Galaga, encargada del accidentado despliegue del material electoral.Aunque el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, reveló que se solicitó la detención preliminar contra Corvetto para asegurar las investigaciones, el Poder Judicial desestimó este extremo del pedido. El magistrado Chuyo consideró que, por el momento, el allanamiento y la incautación de equipos informáticos son suficientes para recoger evidencia sin necesidad de privar de libertad al exfuncionario. Esta decisión ocurre en medio de un clima de alta tensión, con Corvetto habiendo renunciado recientemente al cargo tras denunciar presiones políticas y amenazas contra su integridad personal.El foco de la Fiscalía está puesto en el contrato adjudicado a Galaga, una empresa que resultó seleccionada pese a los cuestionamientos de otras postoras como Hermes. Las investigaciones apuntan a que hubo un ajuste irregular en el cronograma de traslado de actas apenas 48 horas antes de los comicios, lo que provocó que más de 200 mesas en Lima no se instalaran. Con la intervención de hoy, la justicia busca determinar si existió un acuerdo ilícito entre funcionarios de la ONPE y privados para favorecer a la proveedora, afectando deliberadamente el derecho al sufragio de más de un millón de ciudadanos.
