El Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, ha encendido las alarmas en el sistema judicial al presentar un polémico proyecto de ley ante el Con...
El Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, ha encendido las alarmas en el sistema judicial al presentar un polémico proyecto de ley ante el Congreso. ¿El objetivo? Quitarle al Colegio de Abogados de Lima (CAL) y a cualquier otro gremio profesional la potestad de inhabilitar o suspender a los fiscales en ejercicio. Según Gálvez, la colegiatura habilitada debería ser solo un "boleto de entrada" y no un requisito de permanencia, lo que dejaría a los fiscales libres de cualquier sanción ética impuesta por sus propios pares.
Este movimiento legal tiene un trasfondo de guerra personal: ocurre inmediatamente después de que Delia Espinoza (su rival directa y exfiscal de la Nación) fuera elegida como la nueva Decana del CAL. Gálvez, quien ya anunció que renunciará al colegio limeño para evitar lo que llama "actos malintencionados" de Espinoza, busca con esta ley que ningún fiscal pueda ser separado de su cargo si el CAL decide suspenderlo por inconductas profesionales.
De aprobarse esta norma, se crearía un "blindaje absoluto": un fiscal podría ser sancionado éticamente por su colegio profesional, pero seguiría ejerciendo el poder de meter gente a la cárcel sin ningún impedimento. Para Gálvez, esto defiende la "autonomía del Ministerio Público"; para sus detractores, es una jugada maestra para anular el control de Delia Espinoza y asegurar que los fiscales solo respondan ante órganos que el propio sistema de justicia controla.
