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Walter Ayala, abogado del expresidente Pedro Castillo, soltó una verdad incómoda que pone en evidencia la debilidad del actual Ejecutivo. Según el defensor, el presidente José María Balcázar tiene la facultad constitucional de indultar a Castillo "y nadie tendría por qué decirle nada", pero advirtió que no lo hará por puro miedo político. Ayala fue tajante: si Balcázar firma la libertad del exmandatario, el Congreso —que fue el mismo que lo puso en el cargo tras la caída de Castillo— lo destituiría y vacaría "al día siguiente" sin pensarlo dos veces.
La defensa basa su estrategia en una interpretación libre de la Constitución, asegurando que el artículo 118 faculta al presidente a dar indultos incluso a procesados que no tengan sentencia firme. Ayala sostiene que la Comisión de Gracias Presidenciales, que hace poco declaró inadmisible el pedido de Castillo, es solo un órgano que "recomienda" y que no tiene poder para frenar una decisión directa de Balcázar. Para el abogado, la traba no es legal, sino el control total que ejerce el Parlamento sobre el actual Gobierno.
Mientras tanto, desde la PCM, el premier Luis Arroyo ha tratado de cerrar el tema bajo siete llaves, repitiendo que el indulto "nunca estuvo ni estará en agenda". El ministro de Justicia también reforzó que, legalmente, Castillo no califica porque su sentencia de 11 años por el golpe de Estado aún está en proceso de apelación y no está consentida. Sin embargo, para Ayala, estas son solo excusas técnicas para ocultar que Balcázar es, en la práctica, un rehén de los votos de los 130 congresistas que vigilan cada uno de sus movimientos
