Durante la pandemia, muchas personas han optado por vacunarse de manera voluntaria en el Perú, pero otro grupo de la población decidió no ...
Durante la pandemia, muchas personas han
optado por vacunarse de manera voluntaria en el Perú, pero otro grupo de la
población decidió no hacerlo por diversas razones, sin imaginar que ello impediría
poder viajar, ingresar a establecimientos o hasta poder trabajar.
Grupos de maestros en Tacna no han sido
ajenos a ello. Cerca de 500 profesores no estarían cumpliendo el esquema
completo de vacunación y por consiguiente este grupo no estaría apto para
enseñar presencialmente, según el Ministerio de Educación los maestros tienen
la obligación moral de vacunarse, caso contrario no podrán ingresar a su
institución educativa.
El titular de Educación
sostuvo que los directores de cada institución educativa son los encargados de
identificar a aquellos docentes que por alguna razón no cumplieron con
vacunarse, para dialogar y motivarlos a que cumplan con el proceso de
inmunización porque “bajo ningún pretexto podrán ingresar a las aulas”.
A diferencia de los niños, si no están vacunados no se les privará de estudiar.
En Tacna, un grupo de
profesores no vacunados y/o que no cumplen con el esquema completo protestaron
frente a la UGEL Tacna, denunciando públicamente que se les está vulnerando su
derecho al trabajo al no poder acceder a los colegios, lo que ocasiona que por
3 faltas pierdan su plaza.
A través de Positiva
Radio, la profesora Ángela , dijo que, “los directores educativos tienen la obligación
de sensibilizarlos, según la Resolución Ministerial n°048-2022-MINEDU, pero que
en su caso no se ha cumplido y directamente los han sancionado drásticamente
siendo impedidos de trabajar.
Se conoció, además que, otros
dos profesores del colegio Carlos Armando Laura fueron impedidos de ingresar,
pese a ser nombrados y otro caso similar en el Bolognesi.
Cabe recordar que, según el
gobierno de turno a través de la ley n°31091 en el art 1° establece garantizar
el libre acceso y voluntario a la población en general al tratamiento
preventivo y curativo del virus SARS COV2 (…), situación que estaría siendo
vulnerada, según aduce la abogada y directora del Centro de Investigaciones
Judiciales y directora de la Academia de la Magistratura, Beatriz Mejía.
