Como se recuerda, la Sala Penal revocó la cesación de detención domiciliaria que pesa contra el gobernador regional de Tacna Luis Torres...
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Como se recuerda, la Sala Penal revocó la cesación
de detención domiciliaria que pesa contra el gobernador regional de Tacna Luis
Torres, por ello, retornó a estar recluido en su domicilio y custodiado por la
PNP.
Ante ello, los consejeros regionales, Juan
Ramos Arocutipa, Wilver Helton Humire Mamani, Fredd Calizaya Yapura, Juliana
Jungbluth Nieto y Oswaldo Tellez Paco, han solicitado al presidente del Consejo
Regional de Tacna, Manuel Mori Mamani que en la próxima sesión ordinaria se trate el
pedido de que se evalué la situación legal del Gobernador Luis Ramón Torres
Robledo, al habérsele revocado la resolución que declaro fundado el pedido de
cesación de detención domiciliaria.
Por su parte, el constitucionalista Santos
Silva, en declaraciones a Radio Positiva, recomienda al Consejo Regional “declarar
la suspensión del gobernador regional, mas no aprobar el mismo porque estaría sujeto
a un voto numérico, cuando la decisión se basa en lo factico; incuestionable”,
señaló.
Silva, citó al art. 31, numeral 2, de La Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales que establece en estos casos que el Consejo Regional
debe suspender en el cargo al gobernador que por mandato judicial cumple un
arresto, debiendo asumir funciones la Vice Gobernadora.
Artículo
31.- Suspensión del cargo El cargo de Presidente, Vicepresidente y Consejero se
suspende por:
1.
Incapacidad física o mental temporal, acreditada por el organismo competente y
declarada por el Consejo Regional.
2.
Mandato firme de detención derivado de un proceso penal.
3.
Sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito doloso
con pena privativa de la libertad.
El constitucionalista, señala que los cargos públicos
son a dedicación exclusiva porque tienen que estar presente y cumplir sus
funciones. Asimismo, Silva, sostiene que, Liliana Velasco debió ocupar el cargo
desde el momento de la resolución emitida por la Sala Penal.
Por otro
lado, si funcionarios hubieran aprobado la modalidad de teletrabajo, se estaría
desnaturalizando la ley del mismo nombre, pues a partir del 1 de enero del 2023
llegó a su fin, ya que el Gobierno no ha prorrogado su vigencia.
“Me preocupa que no se ponga en práctica el
sentido de la lógica de la razonabilidad. Ha afectado a derechos de la
ciudadanía porque ha vulnerado derechos constitucionales. No tiene por qué
ejercer el cargo de gobernador”, finalizó, Silva.
