(Fuente: La República) Redacción Radio Positiva Perú La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ha avanzado en las den...
Redacción Radio Positiva Perú
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ha avanzado en las denuncias contra Jorge Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), acusándolo de colusión agravada y negociación incompatible. Este movimiento se basa en la contratación del politólogo Fernando Tuesta y en la declaración del exjuez Walter Ríos.
El jueves 18 de julio, Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, asignó a los congresistas Arturo Alegría y José Cueto la tarea de finalizar los informes sobre las denuncias constitucionales DC 352 y DC 469 contra Jorge Salas Arenas. Ambas denuncias lo acusan de colusión agravada y negociación incompatible, alegando irregularidades en la contratación de Fernando Tuesta y en la recomendación de un asesor para la Corte Superior de Justicia de Callao.
Arturo Alegría, de Fuerza Popular, es responsable de la denuncia DC 352, basada en la contratación de Fernando Tuesta por el JNE. Aunque el informe preliminar de la Oficina de Control Interno cuestionó la experiencia de Tuesta en temas electorales, es conocido por su vasta trayectoria en el ámbito electoral, incluyendo su rol como jefe de la ONPE. La investigación de Alegría se enfoca en determinar si esta contratación cumplió con los requisitos legales y éticos necesarios.
Por otro lado, José Cueto, de Honor y Democracia, se encarga de la denuncia DC 469, sustentada en la declaración del exjuez Walter Ríos, implicado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Ríos afirmó que Salas Arenas recomendó a su exasesor Pavel Cárdenas para un puesto en la Corte Superior de Justicia de Callao en 2017. Aunque la Junta Nacional de Justicia archivó el caso, la denuncia en el Congreso sigue su curso, con Cueto investigando si hubo un uso indebido de influencias.
A pesar de las fuertes acusaciones, los miembros del JNE no son susceptibles de acusación constitucional según la actual Constitución. Sin embargo, el fujimorismo está promoviendo una reforma para que estas autoridades puedan ser sometidas a antejuicio político. Este movimiento busca ampliar las herramientas del Congreso para responsabilizar a altos funcionarios del sistema electoral.
Estas denuncias y los debates subsiguientes resaltan las tensiones políticas en el Perú, donde las acusaciones de fraude electoral y la lucha por el control de las instituciones electorales continúan generando controversia y polarización.
