(Fuente: El Peruano) Redacción Radio Positiva Perú La Corte Suprema ha decidido extender la prisión preventiva del expresidente Pedr...
(Fuente: El Peruano)
Redacción Radio Positiva Perú
La Corte Suprema ha decidido extender la prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo, argumentando que persiste el riesgo de fuga. Castillo, quien se encuentra encarcelado desde diciembre de 2022, seguirá recluido por 18 meses más mientras enfrenta cargos por rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.
El fallo de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, anunciado este jueves, revocó una decisión anterior que había ampliado la prisión preventiva por 14 meses. Según el tribunal, la medida es necesaria debido a la posibilidad de fuga de Castillo y la duración aún incierta del proceso judicial en su contra. Castillo ha estado detenido en el penal de Barbadillo desde que fue arrestado tras intentar cerrar el Congreso y reorganizar el sistema de justicia.
El tribunal también señaló que, aunque Castillo era presidente y tenía un domicilio familiar estable, existía una clara intención de huir del país. Esto se evidenció cuando intentó acceder a la Embajada de México tras anunciar su autogolpe. El fallo subraya que, a pesar de que la embajada negó haberle ofrecido asilo, las circunstancias de su detención indican una intención de evadir la justicia.
El proceso judicial por el autogolpe se encuentra en la etapa de control de acusación, donde el juez Juan Carlos Checkley revisa las acusaciones fiscales y los argumentos de la defensa para decidir si el caso avanzará a juicio. La Fiscalía ha solicitado 34 años de prisión para Castillo y penas adicionales para otros involucrados, incluyendo la ex primera ministra Betssy Chávez y varios exministros y oficiales de la Policía Nacional.
Además, Castillo enfrenta otra orden de 36 meses de prisión preventiva por presuntos delitos de corrupción durante su mandato. La Fiscalía ha proyectado una pena de más de 31 años de cárcel por cargos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión. Esta investigación también implica a exministros de su gobierno, quienes están bajo la mira por presuntas irregularidades en obras públicas y otros actos de corrupción.