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Pese a registrar pérdidas netas de 468.3 millones de dólares en 2025, Petroperú se encuentra en la obligación legal de repartir 53 millones 243 mil 467 soles en utilidades entre sus trabajadores. Esta cifra surge de la "Renta Neta Imponible", un resultado tributario positivo generado principalmente por el tipo de cambio, que por ley exige el reparto del 10% entre el personal. Aunque la empresa acaba de recibir un salvavidas estatal de 2,000 millones de dólares para no quebrar, este pago de utilidades corre por una cuerda legal distinta y su incumplimiento podría generar millonarias multas por parte de Sunafil.
La actual gerencia de la petrolera ha intentado resistirse a este desembolso, buscando redirigir los fondos para pagar deudas antiguas en la selva o fraccionar el pago con los sindicatos. Sin embargo, cuatro prestigiosos estudios de abogados (incluidos Muñiz y Benites, Vargas & Ugaz) han emitido informes contundentes: la petrolera no tiene escapatoria legal y debe cumplir con sus empleados. A pesar de que la fecha máxima de pago venció el pasado 9 de mayo, la administración ha preferido dar órdenes verbales para frenar el dinero, mientras intenta minimizar el escándalo mediático que supone este reparto en plena crisis financiera.
La tensión interna ha estallado, ya que mientras la alta dirección promueve campañas para "ahorrar", los sindicatos denuncian que hay disponibilidad presupuestal para el pago y que se están priorizando otros gastos de forma irregular. Petroperú carga con una deuda de más de 8,000 millones de dólares vinculada a la Refinería de Talara, pero este beneficio laboral se ha convertido en el nuevo campo de batalla. Con los informes legales en contra y la presión de los trabajadores, la empresa estatal se encamina a un desembolso millonario que muchos sectores consideran un escándalo dada la situación crítica de la compañía
