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Ministerio Público solicitó al Poder Judicial cerrar definitivamente el proceso penal contra la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, al considerar que la denuncia impulsada desde el Congreso no cuenta con pruebas suficientes que sustenten la comisión de delitos.
Durante una audiencia judicial, el fiscal adjunto supremo Eduardo Atencio sostuvo que la investigación se inició únicamente por mandato de una acusación constitucional aprobada por el Parlamento y no por evidencias obtenidas a través de una investigación fiscal propia. Según indicó, no existen elementos que permitan atribuir responsabilidad penal a Espinoza por la elaboración del Reglamento de Actuación Fiscal, documento que —según la tesis fiscal— nunca firmó ni aprobó.
La Fiscalía concluyó que no hay sustento para procesarla por presuntos delitos de prevaricato, falsedad genérica, abuso de autoridad o usurpación de funciones, por lo que solicitó el archivo total del caso. Sin embargo, la Procuraduría General del Estado mantiene una posición distinta y busca que continúe la investigación por abuso de autoridad.
Ahora será el juez supremo Juan Carlos Checkley quien deberá decidir si acepta el pedido fiscal y archiva definitivamente el proceso o si dispone que continúe la investigación. El fallo podría convertirse en un precedente sobre los límites de las acusaciones constitucionales y la autonomía del Ministerio Público frente a decisiones políticas del Congreso.
