A nivel nacional, solo en el 2019 se contabilizaron 37 carpetas fiscales por casos de corrupción vinculados a gobernadores regionales, e...
A
nivel nacional, solo en el 2019 se contabilizaron 37 carpetas fiscales por
casos de corrupción vinculados a gobernadores regionales, en cambio, en el 2020
la cifra se elevó a 57 y en el 2021 a 58, sin contar el caso del proceso reciente
del gobernador de Ucayali, según la Procuraduría anticorrupción.
Los
delitos que más incurren los funcionarios de la administración pública son colusión,
peculado, negociación incompatible, malversación y cohecho. En otras palabras,
robo de fondos públicos.
Solo en
este año se ha conocido de allanamientos y detenciones (en algunos casos) por
la conformación de presuntas organizaciones criminales donde se han visto
involucrados gobernadores regionales,
funcionarios públicos en las regiones de Arequipa, Puno, Tacna y recientemente
en Ucayali.
En
plena pandemia del 2020, el Ejecutivo destino presupuesto a las regiones para
combatir a la Covid-19, agilizando contrataciones y compras de todo lo necesario
para afrontar los estragos de la pandemia; sin embargo, los actos de corrupción
(en este tiempo) se han incrementado el doble.
No
solo hechos de corrupción de funcionarios, sino, además de casos vinculados con
obras públicas no relacionadas con las transferencias del gobierno central.
Tiempo
de pandemia que fue aprovechado por funcionarios públicos, cuando debió ser un
tiempo para demostrar más gestión por parte de las autoridades, sin embargo no lo fue. Próximamente, se vienen las
elecciones regionales y municipales del 2022; tiempo para reflexionar sobre la
elección de una autoridad.