(Fuente: Inforegión) (Redacción: Radio Positiva Perú) La empresa Southern Perú continúa con sus esfuerzos para...
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(Fuente: Inforegión)
(Redacción: Radio Positiva Perú)
La empresa Southern Perú continúa con sus esfuerzos para llevar a cabo el proyecto minero Tía María en la provincia de Islay, Arequipa. Esta vez, el Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha sido el escenario de nuevos debates entre defensores y opositores del controvertido proyecto.
Se enfrentaron los argumentos de los abogados del Gobierno Regional de Arequipa y la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, quienes cuestionan la legalidad del proyecto, especialmente por su impacto en las frágiles Lomas de Cachendo, un ecosistema reconocido que podría verse amenazado por la actividad minera.
El abogado Walter Paz Valderrama, en representación del Gobierno Regional, destacó que la autorización inicial otorgada a Southern Perú carece de fundamentos legales sólidos, siendo cuestionada por su conexión con decisiones políticas previas que podrían no haber cumplido con los procedimientos adecuados.
Por su parte, representantes de Southern Perú, como José Vargas Rivera, han defendido la viabilidad del proyecto argumentando que el impacto ambiental sería mínimo, respaldados por estudios de impacto inicial. Sin embargo, estos estudios han sido objeto de críticas y cuestionamientos por parte de autoridades y observadores externos, incluyendo la sanción a la empresa responsable del estudio de impacto ambiental por presentar documentación falsa.
La resistencia local al proyecto ha sido evidente, con líderes como Richard Ale Cruz expresando su rechazo debido a preocupaciones sobre la contaminación y el impacto negativo en la agricultura local en el Valle del Tambo. Las protestas y movilizaciones han marcado la oposición persistente de la comunidad, quienes argumentan que el desarrollo debe ser sostenible y no comprometer sus recursos naturales.
A pesar de los intentos por parte de distintas administraciones para avanzar con el proyecto, la falta de aceptación social y los conflictos generados desde 2011 han impedido su implementación efectiva. La congresista Ruth Luque ha criticado la estrategia del gobierno actual de minimizar las preocupaciones de los opositores, señalando que la imposición del proyecto sin un consenso genuino solo profundizará las divisiones en la región.
El futuro del proyecto Tía María sigue siendo incierto, con una comunidad local firmemente opuesta y un ambiente político y judicial que sigue evaluando su viabilidad y consecuencias.
