La Contraloría General determinó presunta responsabilidad penal en dos funcionarios y responsabilidad administrativa en cuatro servidore...
La Contraloría
General determinó presunta responsabilidad penal en dos funcionarios y
responsabilidad administrativa en cuatro servidores de la Dirección Regional de
Salud (Diresa), por autorizar la modificación y reducción de los requisitos
para la adquisición directa de 21 ambulancias, favoreciendo a un proveedor que
ofreció las unidades destinadas a 19 establecimientos, según detalla el informe
de control específico N°016-2022-2-0667-SCE.
Se
detectó que la Dirección Ejecutiva de Planeamiento Estratégico de la Diresa
evaluó las propuestas presentadas por dos postores, y solo una de las
contratistas cumplía con lo requerido en las especificaciones técnicas.
A
pesar de ello, decidieron no declarar a un ganador al supuestamente encontrar
inconsistencias en dicha evaluación, funcionarios de la Diresa solicitaron una
nueva revisión a las propuestas de los dos postores, y se determinó que ninguno
cumplía al 100% las especificaciones técnicas, con lo cual se propuso modificar
algunos requisitos, sin advertir que estos disminuyeron los requerimientos
mínimos que debían tener las ambulancias, como son el amperaje del alternador
(que mide la velocidad del flujo de la corriente eléctrica del vehículo) y la
altura de la cámara de aislamiento donde se trasladan a los pacientes.
La
comisión de control detalla que estas modificaciones se realizaron para
favorecer a una de las empresas, que finalmente resultó ganadora.
Cabe
señalar que ante un nuevo incumplimiento de los requerimientos correspondía
declarar desierto el proceso, pero la entidad declaró como ganador a la empresa
descalificada en la primera evaluación, y se le otorgó, posteriormente,
conformidad y el pago de S/ 8 307 000.
En el
informe de control se precisa también que la contratista ganadora no acreditó
que sus ambulancias tengan material antibacteriano tanto en la pared interna
como en el gabinete empotrado, como lo exigían las especificaciones técnicas.
Estas
irregularidades afectaron los intereses de la entidad y evitó contar con
ambulancias de calidad; además se vulneró los principios de libertad de
concurrencia, transparencia, eficacia y eficiencia que establece la Ley de
Contrataciones del Estado.
